El Ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, hoy, en conferencia de prensa informó sobre el veto del Presidente Nayib Bukele a un Decreto Legislativo emitido el 24 de septiembre de 2020 en el que blinda a los empresarios del transporte colectivo para que pudieran renovar sus licencias de forma automática, sin cumplir requisitos ni condiciones mínimas para operar, entre otras medidas.

 

“Lo que la Asamblea Legislativa aprobó pretende blindar a los empresarios del transporte y que el Gobierno perdiera facultades administrativas para aplicar sanciones en caso de que las unidades no circularan o incrementaran las tarifas”, dijo el Ministro.

 

Destacó que lo único que detenía a los transportistas para incrementar tarifas era la imposición de sanciones, el inicio de procesos administrativos o retirarles la compensación económica a las unidades. Sin embargo, el decreto aprobado les brindaba protección para tomar medidas a su conveniencia, y a eso obedece el  veto del  Presidente, con el fin de  proteger a la población usuaria, que es el 70%.

 

“Pero, el Presidente Nayib Bukele vetó este adefesio jurídico que querían aprobar los diputados”, sostuvo el Ministro Rodríguez.

 

En los últimos meses se han aplicado más de 3,000 infracciones a unidades de transporte colectivo, por incremento de tarifa, por aglomeraciones, llevar usuarios parados y por no cumplir con las medidas de bioseguridad decretadas por el Ejecutivo, para prevenir el incremento de contagios por COVID-19.

 

El MOPT aumentó los controles vehiculares a nivel nacional, los inspectores y policías de tránsito para  hacer cumplir medidas.

 

El decreto legislativo aprobado fue calificado por el ministro como “absurdo” ya que no fue sometido a consenso entre los diputados, sino que únicamente lo aprobaron “blindando a los transportistas hasta marzo de 2021”, después de las elecciones legislativas y municipales.

 

Se pronunció para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de compensación económica “responsable”, que cumpla  con requisitos para prestar un mejor servicio a los pasajeros, que regule las tarifas, y brinde seguridad a la población usuaria.

 

Entre  las obligaciones que tendrían que cumplir los empresarios para optar a la compensación económica están: someter  las unidades a revisiones técnicas periódicas, instalar un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), cumplir con medidas de bioseguridad, y otras.

 

El Gobierno paga en concepto de compensación un total de $46 millones anuales a las unidades de transporte, y desde el 2010 a la fecha se ha otorgado más de $400 millones, según el ministro Rodríguez.

15 de octubre de 2020