El Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, Hato Hasbún, y el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, presentaron hoy a la Fiscalía General de la República una denuncia por todas las irregularidades encontradas en el proyecto vial Apertura Bulevar Diego de Holguín, Tramo II, para que sean investigados posibles actos de corrupción.
Esta acción es una expresión del compromiso programático del nuevo gobierno y de la decisión del Presidente de la República, Mauricio Funes, en el marco de la construcción de un sistema de transparencia y combate a la corrupción.
La denuncia presentada por el titular de Obras Públicas se hace en cumplimiento del artículo 241 de la Constitución de la República el cual señala que “Los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieren oportunamente, serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes”.
La demanda no individualiza la participación en los posibles Delitos de Corrupción, ya que precisamente corresponde a la investigación de la Fiscalía General de la República determinar los grados de responsabilidad y autoría material e intelectual de funcionarios y empleados públicos del MOP y de alguna otra institución o nivel de gobierno, así como de particulares.
Los hallazgos en este emblemático caso son el resultado de un exhaustivo estudio realizado por un equipo de la nueva Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, así como del MOP.
Las múltiples y graves irregularidades observadas desde su inicio, tanto en la Licitación, Adjudicación, Ejecución, Supervisión y Arbitraje, han acarreado al pueblo de El Salvador y al Estado perdidas económicas, de alrededor de 23 millones de dólares, así como daños al medio ambiente en el área de la Finca El Espino.
Todo esto tiene un alto Costo País. El Costo de oportunidad que paga el país por la no finalización de la construcción de una obra que ya se encontraba planificada, contratada y pagada en un alto porcentaje.
La pérdida financiera de un préstamo que se está pagando al 7.6% de interés y los fondos de contrapartida, el nuevo endeudamiento para finalizarla y la vulneración de la institucionalidad y la legalidad en el proceso.
La acción iniciada este día cuenta con el apoyo unánime de la sociedad salvadoreña, la voluntad expresa del Gobierno de la República y el explícito respaldo de todos los grupos parlamentarios que integran la Asamblea Legislativa.
La demanda está solidamente soportada con expedientes contenidos en 51,000 folios cada uno debidamente certificado, y toda la documentación original que el MOP ha puesto a disposición de la Fiscalía, la cual se encuentra bajo custodia en las diferentes gerencias y direcciones del Ministerio de Obras Públicas.
Esta documentación esta sistematizada de la siguiente manera: Etapa previa a la licitación, proceso de licitación, proceso de ejecución del contrato, procesos sancionatorios, información financiera, proceso arbitral, expediente de la caducidad del contrato y ejecución de garantías, auditorías de la corte de cuentas e internas, así como funcionarios y empleados actuantes.
En adelante, y luego de presentada la denuncia, tal y como lo establece la Constitución de la República (art. 193) Corresponde al Fiscal General de la República defender los intereses del Estado y de la sociedad, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, promover la acción penal a petición del MOP, defender los intereses fiscales y promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados.
Tratándose de un caso del más alto interés nacional, la transparencia en el proceso, la oportuna, suficiente y veraz información al país es trascendental. Sin embargo, con el propósito de no poner en riesgo la investigación, sino más bien contribuir con la misma, es la Fiscalía General de la República la única instancia legalmente autorizada para brindar la información sobre los progresos de la investigación y el combate de la impunidad.
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano
{morfeo 58}
San Salvador, 24 de mayo de 2010
