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MOP presenta propuesta de Ley Especial para agilización de inversión para el fomento de proyectos de construcción

Con la finalidad de promover la inversión privada en el sector de la construcción mediante la desburocratización del Estado y superar el exceso de trámites para la obtención de permisos  en  proyectos de construcción, el Presidente de la República, Mauricio Funes, por medio del Ministro de Obras Publicas, Gerson Martínez, presentó ante a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley con este fin. El titular fue acompañado por el  Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Roberto  Góchez y líderes de Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO). La presente Ley tiene como objetivo incrementar la eficiencia de la administración pública, tanto en el Órgano Ejecutivo, entidades autónomas y en las municipalidades, en lo referente a trámites y procedimientos administrativos destinados a otorgar permisos y autorizaciones para desarrollar proyectos de construcción y parcelación.

Con esta propuesta de Ley Especial de Agilización de la Inversión para el Fomento de Proyectos de Construcción, se busca crear un entorno regulatorio favorable y transparente que permita el crecimiento de la inversión privada, mediante la reducción de obstáculos que dificulten la ejecución de proyectos de construcción e incrementar la eficiencia en la Administración Pública.

Esta iniciativa se realiza en el marco del artículo 101 de la Constitución de la República, que señala que el Estado promoverá el desarrollo económico y social, mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos; y del artículo 102, que destaca que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada, dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.

Considera que la franja costero-marina, es una zona estratégica en el país con potencial para el desarrollo económico, por lo que es necesario crear condiciones que potencien la inversión privada en la región, incrementando la eficiencia de la administración pública en los trámites necesarios para desarrollar los proyectos de construcción.

Destaca,  que siendo la industria de la construcción un sector dinamizador de la economía, que contribuye a superar el déficit habitacional del país y una fuente de empleos, es preciso fomentar su desarrollo.

Esta propuesta de ley dará vida a la ventanilla única en el Viceministerio de Vivienda que ha sido ofrecida por el Estado desde hace 24 años.

Los proyectos a los que aplicará la presente Ley son:

• Proyectos de construcción de cualquier naturaleza, en la franja costero-marina, compuesta por algunos municipios en los departamentos de: Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, y La Unión.
• Los proyectos de construcción y parcelación en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza, salvo que su ejecución sea prohibida por el ordenamiento jurídico. No serán objeto de esta Ley, proyectos de construcción de viviendas o locales comerciales en forma individual, ni las remodelaciones, modificaciones 

En el ámbito material, los trámites y procedimientos administrativos comprendidos en esta Ley son para obtener permisos y autorizaciones como:

• Factibilidad de abastecimiento agua potable y alcantarillado o manejo de excretas y aguas grises
• Autorización sobre sistema de disposición de aguas negras
• Certificación de prevención de incendios y medidas de seguridad
• Factibilidad para recolección de desechos sólidos
• Calificación del lugar
• Línea de construcción
• Factibilidad de drenajes de aguas lluvias
• Revisión vial y zonificación
• Pronunciamiento sobre la necesidad de estudios en temas de medio ambiente y de patrimonio cultural

La propuesta contempla en su capítulo II, el Sistema Integrado de Agilización de Trámites para Proyectos de Construcción, que estará integrado por instituciones como: Presidencia de la República, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ministerios de Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Secretaría de Estado u organismos que tenga a su cargo la Administración del Patrimonio Cultural, ANDA, Cuerpo de Bomberos y Centro Nacional de Registros. Todos los organismos gubernamentales, instituciones autónomas, municipalidades y sus titulares estarán obligados a colaborar con el Sistema para la ejecución de ésta Ley.